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En los últimos días hemos detectado un aumento de consultas de personas que quieren divorciarse y separarse con motivo del confinamiento, así como consultas para rebajar las pensiones de los hijos e hijas por el notable descenso de ingresos por la Covid-19.

El Real Decreto-ley 16/2020 de agilización de la Justicia para hacer frente al Covid-19, entre otras cuestiones, ha creado un proceso urgente y sumario en materia de derecho de familia a fin de dar respuesta, supuestamente urgente, a las consecuencias del Coronavirus; si bien, como ya mencionábamos en el anterior artículo, veremos cómo funciona y cuan urgente llega a ser. Por mucha buena voluntad que se ponga a la hora de legislar, entendemos que dicha creación de procesos sumarios y urgentes, si no va acompañada de una dotación de medios y personal, va a quedar como un mero brindis al sol.

Desde nuestro despacho, lamentamos cuestionar que dicho Real Decreto-ley pueda hacer frente realmente al gran aluvión de procedimientos de familia a los que se tendrá que hacer frente, dada la GRAN ESCASEZ de medios y personal que tiene actualmente la Justicia española.

Si no dotamos a la Justicia de más jueces y juezas, y de más personal que les asista, es evidente que el sistema judicial va a colapsar. El aluvión que se espera de demandas va a causar aún más precariedad en un sistema judicial ya mermado.

La Justicia arrastra desde tiempos inmemorables una gran falta de inversión, tanto en medios materiales como humanos y la digitalización, lamentablemente, es aún una quimera.

Por mucho que, desde el Gobierno, se creen procedimientos con la etiqueta de “urgente”, si no hay medios y personal, difícilmente se van a poder tramitar con mediana diligencia y rapidez.

Todas las jurisdicciones judiciales sufren atascos, pero fundamentalmente, la jurisdicción de familia, padece gravemente esta situación de falta de medios económicos y humanos. Y una justicia lenta, no es justicia. Y más cuando atañe a las familias, agravando situaciones personales que requieren de una solución relativamente rápida.

No podemos obviar que la media en Europa es de 21 jueces y juezas por cada 100.000 habitantes, en España, la media es de 12; prácticamente la mitad. Es evidente que la respuesta judicial a los españoles es más bien escasa.

Por ello, y en el caso de que uno de los progenitores haya visto aminorados sus recursos económicos, estamos recomendando el alcanzar un acuerdo porque no podemos olvidar que ni los niños y niñas dejan de comer, ni la situación quedará así y se espera una mejora en la situación económica. Por ello, recomendamos pactos de minoración de la pensión de alimentos de forma provisional, para más adelante, cuando todo se arregle, se vuelva a la sentencia de divorcio o custodia que regía entre las partes.

Además del incremento de peticiones para solicitar una reducción de la pensión por parte de los padres y las madres divorciados o separados, esperamos también un aluvión de demandas para que los madres o madres que no han podido estar con sus hijos durante el confinamiento, puedan ver compensados esos días. Reiteramos que lo adecuado y más fácil es tratar de llegar a un acuerdo.

Un acuerdo siempre será mejor que una imposición judicial, más si ésta llega tarde y a veces, mal valorada.

No podemos dejar de manifestar que, después del confinamiento absoluto, una vez alcanzada la fase 1, hemos notado un aumento de consultas para el divorcio o separación; este fenómeno también ocurre tras las vacaciones de Navidad o de verano. Es un hecho conocido por los abogados y abogadas de familia que, tras periodos de convivencia prolongados (más en el caso del confinamiento ante la imposibilidad de salir siquiera de casa), las peticiones de separación o divorcio aumentan.

Cuando una relación o matrimonio funcionan, la convivencia más estrecha debería hacerlos más fuertes, pero si la relación de pareja está tocada, una convivencia prolongada, en la mayoría de ocasiones, deja entrever aún más sus carencias, llevando, con el tiempo, a la decisión de acabar con ella.

Como abogados de familia no dejaremos de insistir en que, llegada la determinación de acabar con el matrimonio o con la relación, debemos intentar en la medida de lo posible, alcanzar un acuerdo. Llegar a un pacto por el cuál, y ante todo, nuestros hijos e hijas no sufran. Viendo de pactar lo más razonable según la situación.

Para ello, siempre es mucho mejor contar con el asesoramiento legal de un buen abogado o abogada de familia. La especialización y el buen hacer siempre será el mejor camino para todos.

Nuestra titular, la letrada Sandra Burgos, abogada experta en derecho de familia y con más de 20 años de experiencia en derecho matrimonial, asesora a los medios de comunicación respecto a las diferentes consultas que se le hacen al respecto. Y siempre, entendiendo que es lo mejor para todos, incide en el hecho de que siempre es más positivo para todos ver de alcanzar un acuerdo. Mejor para los padres y siempre mejor para los hijos.

Precisamente hoy, hablará en RNE acerca del aluvión que esperamos de demandas en los juzgados de familia. En cuanto dispongamos del enlace, lo pondremos en nuestra web.